El Gobierno de Gustavo Petro está a las puertas de dejar el poder este 7 de agosto. Aún no se sabe quién seguirá en la Casa de Nariño, sea un gobierno de su misma línea política o si volverá alguien de la corriente de derecha.

Sin embargo, una de las prioridades gubernamentales era la ‘Paz total’, intención que no ha tenido avances ni con las disidencias de las FARC, ELN, ‘Clan del Golfo’ y otras organizaciones al margen de la ley con extensión nacional y tampoco con grupos delincuenciales locales como es el caso en el Atlántico con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, que aunque se dio una tregua de unos meses la criminalidad continuó en Barranquilla y su área metropolitana, con ajustes de cuentas y sicariatos relacionados con estos grupos ilegales. 

El pasado 20 de enero venció la 'tregua' entre estas bandas delincuenciales, que fue realizada a través Consejería Comisionada de Paz y la Presidencia de la República. Aunque el Gobierno nacional asegura que hubo una disminución en los homicidios, la Alcaldía de Barranquilla reveló cifras que indican que aunque hubo una supuesta tregua, la mayoría de crímenes cometidos en la ciudad y su área metropolitana durante ese periodo, agosto de 2025 hasta enero 19 de 2026, precisamente fueron por sicariato derivado del enfrentamiento de esas bandas.

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Según cifras de la Alcaldía y la Policía Metropolitana, hasta el 19 de enero pasado iban 152 homicidios en la ciudad de Barranquilla. De esa cifra, 120 corresponden a la modalidad de sicariato y ajuste de cuentas entre bandas. Es decir, el 79 %. 

Adicionalmente, entre el 1o. hasta el 19 de enero de 2026 solo en la capital del Atlántico iban 30 homicidios.  También hasta la fecha ya se han registrado varios homicidios y ataques sicariales como el ocurrido el pasado jueves en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, donde en uno de estos hechos criminales cayó una víctima inocente, un menor de 14 años de edad, cuando sicarios intentaban matar a otra persona. 

Por estos hechos fueron capturados  Juan Carlos Lara Bustos, alias ‘Coqui’, de 47 años de edad;  Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años, quienes serían presuntos 'Costeños' y registran anotaciones por homicidio, hurto y porte ilegal de armas.  

Una ‘paz total’ que debía incluir a las autoridades locales 

La Consejería Comisionada de Paz el pasado 19 de enero emitió un comunicado con relación a los diálogos de paz con estas dos bandas, que para nadie es un secreto son las que tienen el mayor accionar por los homicidios y extorsiones en la ciudad y su área metropolitana. 

En el mencionado comunicado no se precisó si se iba a prolongar dicha tregua, pero que continuarán con su agenda de trabajo para llegar a un acuerdo. 

“El Gobierno avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana", indicó la Consejería de Paz.

Asimismo, precisó que "el Gobierno nacional insta a las autoridades territoriales y de Policía del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico a ahondar en el cumplimiento de sus competencias para el combate del crimen y garantizar la seguridad ciudadana". 

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El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, estuvo hace una semana en Barranquilla dialogando con el gobernador Eduardo Verano y autoridades del Distrito a raíz de la polémica que se armó por el posible traslado desde cárceles del interior del país de cabecillas como Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’; Digno Palomino y Ober Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, a centros penitenciarios de Barranquilla. 

Pero ese acercamiento tal parece llegó tarde porque tanto el gobernador como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se mostraron sorprendidos cuando se enteraron por los medios de comunicación de la intención del Gobierno Nacional de ese traslado. 

El Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, había confirmado que firmaría la solicitud de la Consejería de Paz para trasladar a Barranquilla a Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', líderes de 'Los Pepes' y 'Los Costeños', respectivamente, pero aseguró que no iban para un hotel.

Pero tras desatarse la polémica, el funcionario dio marcha atrás a la decisión. 

Las autoridades locales sentaron su voz ante la posibilidad de que estar en las cárceles de la ciudad les daría un estatus para seguir impartiendo órdenes a sus subalternos, generando más homicidios y extorsiones en la ciudad y su área metropolitana. Uno de los primeros en pronunciarse fue el propio alcalde Alejandro Char.  

"En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", dijo el mandatario en su cuenta de X.

Precisó además que "no se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios. Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?".

La polémica surgió precisamente por la falta de comunicación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla. 

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No hay avance tampoco con las disidencias y otros grupos armados

Otros diálogos que ha establecido el Gobierno con grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, Autodefensas Conquistadores de la Sierra, entre otros, tampoco han tenido un avance significativo en el marco de la política de  ‘Paz Total’ del Presidente Gustavo Petro. 

Al contrario, las acciones terroristas se han intensificado en varias zonas del país como Norte de Santander, Antioquia y Cauca.

Hay un guerra abierta contra el cabecilla de una de esas disidencias, alias ‘Iván Mordisco’. Tanto así que se ha ofrecido una recompensa por parte del Gobierno de alrededor de 5 mil millones de pesos por su captura. 

Esta disidencia es la responsable de ataques reiterativos con drones en departamentos como Cauca. 

Ni qué decir de la difícil situación en el Catatumbo (Norte de Santander), donde ha habido un enfrentamiento sin contemplación entre las disidencias de las FARC y el ELN que generó un desplazamiento forzado masivo de la población. 

Adicionalmente, la semana anterior presuntamente se presentó un enfrentamiento entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, dejando un sangriento saldo de 26 muertos.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, con sede en Villavicencio. No obstante, otra hipótesis apunta que no se habría registrado tal enfrentamiento sino que al parecer hubo un ajusticiamiento de una de las disidencias. Esto se basa debido a que los cuerpos registraban impactos de bala disparados a poca distancia.

Cualquiera de las dos hipótesis no deja de ser grave la situación de violencia que vive el país. 

Ni que decir de los supuestos diálogos entablados con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada,  que no ha mostrado un avance concreto y al contrario ejercen un control territorial en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos de Magdalena y La Guajira. 

También hay una ofensiva del Ejército para dar con la captura de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias 'Naín' o 'El bendito menor', cabecilla y "vocero de paz" de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien amenazó al Presidente de la República, Gustavo Petro, después de que el Gobierno ofreciera $500 millones por información para capturarlo.

Así es omo se ve el panorama con las distintas bandas criminales y guerrillas. Se va marchitando una política que prometía alcanzar más tranquilidad al país, pero cuando faltan poco más de 7 meses para culminar el mandato de Gustavo Petro, en eso se quedó, en solo promesas y sin un direccionamiento claro para alcanzar la ‘paz total’.